Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (El Universal).- Por unanimidad, el Congreso de Chiapas eliminó los financiamientos públicos a partidos políticos para la contienda electoral de 2018 y los asignó a damnificados y a la reconstrucción por el terremoto de 8.2 que azotó al estado el pasado 7 de septiembre.
La iniciativa presentada por el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura local, Eduardo Ramírez Aguilar, reforma el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado para que los gastos de campaña de 2018 se asignen en su totalidad a la población en situación de desastre.
Enfatizó que para el próximo año quienes aspiren a los cargos de elección popular, por ejemplo, gobernador, diputados, alcaldes, síndicos y regidores lo harán con sus propios recursos, porque el dinero de campaña se aplicará a la reconstrucción en la entidad.
Ramírez Aguilar aclaró que por la eliminación del financiamiento ninguna fuerza política quedará en desventaja, puesto que la legislación electoral permite el financiamiento privado de militantes y simpatizantes, como otra fuente para que los partidos políticos realicen “gastos operativos, de publicidad y se sostengan en los próximos meses”.
El gobierno de Chiapas señaló en una tarjeta informativa que la reforma representa un ahorro aproximado total de 250 millones de pesos; 165 millones en financiamiento ordinario y 85 millones en erogaciones de campaña.
Sin embargo, las cifras aún presentan ambigüedades, puesto que Mauricio Mendoza Castañeda, representante propietario del PVEM ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, explicó que el monto aproximado es de 684 millones de pesos: 500 millones de pesos por gastos de campaña en las elecciones y 184 millones de pesos por gastos ordinarios partidistas del lapso 2017-2018.
Mendoza Castañeda añadió que se creará un consejo consultivo ciudadano, en el que cada partido propondrá a 10 personas, el cual asumirá la responsabilidad de fiscalización y del proceso de asignación de la obra pública en el que se ponderará a constructoras y empresas chiapanecas, a fin de impulsar la reactivación de la economía local. Abundó que también se manejará un fideicomiso administrado por la Secretaría estatal de Hacienda, “pero el candado será el comité fiduciario y el consejo consultivo ciudadano para una real transparencia y rendición de cuentas de los recursos de la reconstrucción”.
Puntualizó que no es la primera medida electoral excepcional por emergencia que se aplica en Chiapas, puesto que en 1998 y 2005, los gobiernos de Roberto Albores Gleason y de Pablo Salazar Mendiguchía, por desastres naturales debido a huracanes, pospusieron las elecciones por varios meses.
El gobernador Manuel Velasco Coello respaldó la reforma alcanzada en el Congreso local.
“Tiempos extraordinarios como los que hoy nos está tocando vivir requieren de respuestas igualmente extraordinarias, por ejemplo, las planteadas por la ciudadanía en apoyo a los damnificados de los terremotos”, señaló el mandatario.
Evaden renunciar a prerrogativas. En Oaxaca, los partidos poíticos no han renunciado a una parte de los recursos públicos que reciben en el ámbito estatal para apoyar a los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de diferentes municipios y regiones del estado.
El presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, informó que a la fecha ninguno de los representantes de los institutos políticos se han pronunciado al respecto y tampoco han formalizado su renuncia a algún porcentaje de sus prerrogativas. Las dirigencias nacionales de los partidos Morena, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que renunciarán a los recursos federales que reciben para que sean destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos de septiembre en distintos estados del país. Esta medida, sin embargo, no ha encontrado réplica en las dirigencias estatales de los diferentes institutos políticos.
Que pague militancia. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se pronunció a favor de que los partidos políticos entreguen el dinero del financiamiento público para la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos del mes pasado.
“Yo soy de esa opinión, que los partidos políticos no usen recursos públicos. De lo contrario, la gente es la que va a cargar con los platos rotos de la reconstrucción.
“Que los partidos políticos se rasquen con sus propias uñas, que les pidan la lana a sus militantes y a quienes les dan los cargos públicos”, indicó Fayad. Agregó: “Los diputados federales deberán exigir que tampoco haya recorte en los presupuestos de los estados”.
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