Ciudad de México (Proceso).- La comunidad cinematográfica solicita al equipo renegociador del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –encabezado por el secretario de Economía (SE), Ildelfonso Guajardo– que “reconsidere la importancia de las industrias culturales, cinematográfica y audiovisuales de México para que sean excluidos de dicho convenio mercantil”.
En general los creadores del cine abogan para que se quiten todas las industrias culturales, como en su momento (1994) lo hizo Canadá, el tercer socio del Tratado.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) –de la cual Estados Unidos anunció su retiro el 12 de octubre por su “sesgo antiisraelí” (Ver recuadro)–, las industrias culturales “son aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.
Ese mismo 12 de octubre, la administración estadunidense puso nuevas condiciones a México y Canadá en la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN que, para los especialistas, colocaba a éste en peligro). Inició el miércoles 11 y finalizará este martes 17. Los demás miembros importantes del equipo negociador mexicano son Juan Carlos Bakere, de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la SE; Kenneth Smith Ramos, quien funge como Jefe Negociador Técnico, y Salvador Behar Lavalle, Jefe Negociador Adjunto.
Daniel Giménez Cacho, actor y director de cine, expresa en entrevista que esos representantes “no son sensibles a lo que estamos pidiendo porque ven a la cultura como una simple mercancía”.
Peticiones de los creadores
La comunidad del séptimo arte se unió. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) inicio foros para analizar la situación del cine ante el TLCAN; luego hizo lo mismo El Grito Más Fuerte (un colectivo ciudadano conformado por personas del arte y la cultura en México), y se agregó la Asociación Mexicana de Productores Independientes (Ampicine), la cual aglutina a 35 de las empresas productoras más representativas del país, y comandada por Miguel Necoechea, de Productora Ivania Films.
Por su parte, varios académicos organizaron foros, como el Grupo de Reflexión de Economía y Cultura (Grecu), presidido por Eduardo Vázquez, y el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG) de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Todos coinciden en que se deben considerar excepcionales a las industrias culturales, en especial el cine, el audiovisual, y hasta el internet; asimismo, las redes sociales y las Over The Top (OTT), que son las plataformas que transmiten información (sobresalen los contenidos audiovisuales) como Netflix y Skype; también dispositivos electrónicos conectados a la web, como las computadoras, celulares inteligentes, tabletas y Smart TVs.
Pero exigen igualmente que el cine nacional tenga más espacio en las pantallas del país, ya que el 90% está ocupado por la producción de Hollywood. Por ejemplo: del 2006 al 2016 se produjeron 1 081 películas nacionales, de las cuales sólo se exhibieron 703.
La Ley de la Industria Cinematográfica de 1952 obligaba a los exhibidores de la nación a dar el 50% del tiempo de pantalla para la proyección de filmes mexicanos, pero con la nueva Ley de Cinematografía de 1992 –la cual fue ajustada al TLCAN– bajó el porcentaje al 30%, y en 1997 se redujo al 10%.
Ramón Obón, abogado especialista en derechos de autor y director y escritor de cine, resaltó en el citado SUG:
“Después de 1992, en el artículo Tercero Transitorio se aplicó una disminución gradual del tiempo de pantalla. El 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, quedó el 25% de tiempo de pantalla; del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995, fue el 20%; del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996, el 15%; y del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997, quedo el 10%.”
Enseguida enfatizó que lo anterior trajo como corolario el vigente artículo 19 de la legislación cinematográfica, que dice:
“Los exhibidores reservarán el diez por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas… Toda película nacional se estrenará en las salas por un periodo no inferior a una semana…”
Esto abrió paso a que el cine de Hollywood acaparara las salas. Por lo cual México se convirtió en el cuarto país consumidor del cine comercial estadunidense, dato publicado por la misma Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine, que según la mayoría de los cineastas mexicanos no representa a México sino a las majors).
De hecho, Canacine en sus resultados definitivos del 2016 destaca que la empresa con más taquilla en México en 2016 fue Walt Disney: ganó 3 millones 25 mil pesos. Cabe recordar que en 2015, según la misma Canacine, fue Universal la que obtuvo 3 millones 64 mil pesos: y en 2014, 20Th Century Fox se llevó 2 millones 801 mil pesos.
Giménez Cacho, miembro de El Grito Más Fuerte, delata que en esas mesas de renegociación del TLCAN (para el cual el gobierno estadunidense propuso revisar cada cinco años) “está presente Canacine, y nosotros no”.
Continúa el artista:
“Y lo que pedimos es tener un espacio y sacar a la cultura como lo hizo Canadá. Sabemos que nos hace falta trabajar mucho todavía sobre las políticas internas, como revisar varias leyes. Además de aclarar que para nosotros son derechos de autor y en Estados Unidos se nombra propiedad intelectual, que es un concepto más empresarial, de marcas.”
La Amacc, Ampicine y El Grito Más Fuerte enviaron el 31 de agosto pasado un documento con ocho demandas a los secretarios de Economía (Ildelfonso Guajardo), Relaciones Exteriores (Luis Videgaray Caso) y de Cultura (María Cristina García Cepeda). Según asentó el cineasta Víctor Ugalde en la revista de cine Toma, esta última fue invitada al foro del Grecu y decidió no asistir. Se lee:
“A su decir el TLCAN no era de su competencia. Imagínense el desconocimiento e ignorancia de la SC, ya que en la ley que la rige hay un capítulo completo sobre su obligación de estar al pendiente de todos los tratados en los que se inmiscuya el arte y la cultura; además entre sus funciones medulares está la de velar por los productos de las industrias culturales, como son el cine, la música, los libros y un larguísimo etcétera…”
El documento (presentado ese mismo día a la comunidad cinematográfica) destaca:
“Como creadores nos unimos a la propuesta de la Alianza de Artistas de Cine, Televisión y Radio Canadiense, la cual ha planeado que la exención cultural debe ser mantenida y fortalecida. Debe reforzarse considerablemente cambiando la definición actual de las industrias culturales y eliminando las cláusulas sin perjuicio que autoriza represalias contra medidas que han sido incompatibles con el acuerdo si no fuera por la exención.”
En la misiva se detalla que el cambio de la definición de las industrias culturales obedece “a que sus bienes y servicios ahora pasan por nuevas plataformas tecnológicas digitales que permiten un amplio y dinámico intercambio transfronterizo en el marco del Comercio Electrónico, por lo que se debe eliminar toda limitación de la capacidad de México para regular o gravar los servicios de Internet que proporcionan obras audiovisuales u otras obras artísticas a los consumidores”.
Aleida Calleja –especialista en el análisis de los medios y coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia– manifestó en el foro que organizó El Grito Más Fuerte que “la reserva cultural es importante, pero es primordial adherirse a la posición de Canadá, porque esta nación está previendo los bienes digitales en donde está la clave, y además, conviene ampliar el panorama y defender: cine y contenidos audiovisuales”.
Propuso:
“Es elemental la revisión no sólo de la Ley Federal de Cinematografía sino la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en esto debería participar la Secretaría de Cultura y otras instancias gubernamentales. Me parece que ahí hay que hacer un llamado también al ejecutivo y al legislativo, no para trabajar en eso ahora sino para dejar abierto el espacio de coyuntura.
“Sí hay varias acciones concretas que se pueden hacer: la comunidad cinematográfica o creadora puede poner una denuncia por prácticas monopólicas, relativas y absolutas en la Comisión Federal de Competencia Económica contra el monopolio. No se nos debe pasar la fusión AT&T y Time Warner, lo cual tiene un impacto muy importante para la cultura. Hay que acudir con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que explique cómo esa fusión va a impactar en términos de los servicios convergentes.”
No parar
El director de cine Ernesto Contreras, quien a parir del 1 de noviembre iniciará como presidente de la Amacc hasta el 2019, al igual que su actual titular, la actriz Dolores Heredia, la actriz Arcelia Ramírez, la productora independiente y miembro de Ampicine Inna Payán, así como Giménez Cacho, despliegan en entrevista con Proceso la necesidad de revisar no sólo las leyes de Cine y de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también la Federal de Competencia Económica, la Federal de Derechos de Autor, la General de Cultura y el Código Fiscal de la Federación, “con el fin de asegurar el goce de los derechos culturales preservados por nuestra Constitución”.
Esta propuesta también se incluyó en el documento que enviaron a los secretarios.
Contreras sostiene “que ante la renegociación hay que aprovechar para cambiar lo que no ha funcionado y adherirnos a la propuesta canadiense”.
Heredia explica convencida:
“En ese documento intentamos abrir el diálogo, y si les resulta absurda la propuesta o interesante en algún punto, tendríamos que saberlo, tendríamos que escuchar. Eso sería un diálogo. No queremos nada más gritar y decir, y ya, es entender esa otra parte. A lo mejor hay algo que no estamos entendiendo y que valdría la pena entonces entenderlo, pero sólo se va a resolver hablando, entendiéndonos.
“Los creadores siempre están abajo y los que ejecutan las leyes o cuidan o protegen supuestamente nuestros intereses están en otro plano y nunca nos juntamos para poder entendernos. Ojalá se dé este encuentro con las autoridades y los artistas. Somos creadores activos y nos debemos a nuestro trabajo, pero no podemos continuar si este asunto no se desembrolla. Debe haber una respuesta clara y contundente del otro lado.”
Ramírez rememora que desde el 1 de enero de 1994 en que entró en vigor el TLCAN “hemos señalado esta desigualdad y este desequilibrio, y en este momento en que se abre esta coyuntura, no podemos desaprovechar esta oportunidad”.
La actriz apunta con entusiasmo:
“Nosotros debemos elaborar un proyecto legislativo que proteja al cine y a la cultura, ¡de ya!, en lo que contestan el documento, en lo que existe el diálogo, en lo que toda la maquinaria de interlocución se echa a andar. Nosotros al interior tenemos que funcionar, como despertar…”
Contreras y Ramírez recuerdan que cuando se firmó el TLCAN la producción mexicana era mínima, “no se visualizó qué iba a pasar, se producían cinco o siete filmes en el país, ahora son 160, entonces no tiene absolutamente nada que ver esa realidad con la actual, por eso está todo ahí atrapado”.
Para Heredia los cambios deben provenir de la sociedad civil y después Imcine tendrá que realizar su labor:
“Lo positivo que veo en todo esto es la cantidad de gente que se está movilizando y que está pensando en esto. Los creadores generalmente nos ocupábamos de nuestra chamba y no de estar involucrados en esto que también nos compete.”
Giménez Cacho repara:
“El hecho real es que cuando empezaron estas negociaciones no fuimos requeridos, esta es una reacción de nosotros porque no nos están escuchando ya de entrada.”
–¿Y qué pasará si no se llega a tocar el tema de la cultura y el cine en las renegociaciones del TLCAN en las otras tres reuniones que quedan?
Al instante, Giménez Cacho responde:
–Buscaremos la manera de fortalecer justo las políticas internas. Ver cómo se va a reglamentar todo, cómo se puede garantizar que no haya esas disminuciones del presupuesto hacia la cultura.
“Va a ser la vieja lucha de hacer que se cumpla la ley. ¿Quién debe exigir?, los afectados y la comunidad organizada y no quitando el dedo del renglón.”
Arcelia Ramírez agrega:
“Tiene que haber un equilibrio, ¡si no es la ley de la selva! ¡No es posible!…”
Por su parte, Payán despliega que si no llegaran a discutirse las industrias culturales, cinematográficas y audiovisuales de México en estas siete reuniones “los grupos que trabajamos en la cultura quedaremos rezagados, y vamos a trabajar para los grandes consorcios pero como en calidad de obreros”.
Es positiva al señalar que existen muchas otras cosas que sí se pueden realizar ahora, sobre todo en cuanto a la legislación y normatividad para las OTTs, o una nueva Ley Federal de Cinematografía… Pero al final es tajante:
“¡Debemos estar ya pensando en lo que sigue! ¡La comunidad debe seguir organizando! Tenemos que empezar a armar una campaña nacional con toda la gente que está involucrada en esta movida. Y empezar a hacer ruido porque no podemos quedarnos quietos.”
Las peticiones del documento también se subieron a change.org. Ya firmaron 3 415 personas, entre las cuales se encuentran Damián Alcázar, Carmen Armendáriz, Vanessa Bauche, Héctor Bonilla, Diana Bracho, Eugenio Caballero, Felipe Cazals, Cassandra Ciangherotti, Joaquín Cosío, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Julieta Egurrola, Gael García Bernal, Karina Gidi, Edith González, Alejandro González Iñárritu, Tatiana Huezo, Emmanuel Lubezki, Diego Luna, Bertha Navarro, María Novaro, Juan Carlos Rulfo, Arturo Ripstein, Alberto Ruy Sánchez, Cecilia Suárez y José María Yazpik, entre otros.
Enlace de la publicación original:
http://www.proceso.com.mx/507755/ante-tlcan-exigen-creadores-dejar-cine-los-audiovisuales-internet
