Ciudad de México (La Jornada). La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de 2 mil funcionarios involucrados en hechos de corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se indica en un informe que el ex titular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade entregó al Senado, en el que se destaca que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia que se dará a conocer en breve.
Se resalta asimismo que durante su gestión se desarrolló un diagnóstico encaminado a modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado que es inadecuada e insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de transformar a la dependencia.
En ese documento, titulado Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio, Cervantes Andrade –quien estuvo menos de un año al frente de la dependencia– resalta que ‘‘durante los pasados 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia’’.
Con base en esos hallazgos, dijo, es que se trabajó en un nuevo modelo de procuración de justicia, que tuvo la asistencia técnica del BID, que autorizó 100 mil dólares en fondos no rembolsables, ‘‘para desarrollar un plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la procuraduría’’, fase que habrá de concluir el próximo mes de diciembre.
Detalló que el 17 y 18 de julio se reunió en Washington con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y se trabaja para consolidar un préstamo de inversión de 80 millones de dólares para proyectos específicos en cuatro años, destinados a la transformación de la PGR.
Se busca superar carencias y que ‘‘la Procuraduría General de la República se convierta en una institución de excelencia en la procuración de justicia’’.
En cuanto al combate a la corrupción, en el documento Cervantes destaca que se investiga ‘‘un buen número’’ de casos importantes, como Odebrecht, así como todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay mil 134 indagatorias y mil 937 funcionarios bajo investigación, se señala.
Por separado, senadores de PRD y PT exigieron que en la investigación que presentará en los próximos días la PGR en el caso Odebrecht, se incluya a todas las empresas contratistas de la firma brasileña en México y los funcionarios involucrados en el otorgamiento de contratos a las mismas.
Luis Sánchez Jiménez, coordinador del PRD, dijo que la Secretaría de la Función Pública y la ASF tienen la obligación de investigar los contratos que se han entregado en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México a empresas como Construcciones Industriales Tapia, vinculada con el caso de la petrolera brasileña Odebrecht en México, así como con el robo de hidrocarburos en Hidalgo.
Por su parte, el senador del bloque PT-Morena Benjamín Robles Montoya dijo que la renuncia de Cervantes no puede derivar en un ‘‘carpetazo’’ en el caso Odebrecht, pero sobre todo la impunidad con que operan empresas como Construcciones Tapia, que sigue recibiendo contratos de manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El más reciente, en el nuevo aeropuerto capitalino.
