Por Cipriano Flores Cruz
A 45 días del sismo del 7 de septiembre, además de las afectaciones del sismo en menor escala del 23 del mismo mes y demás afectaciones por las tormentas, muchos oaxaqueños, entre los cuales me incluyo, tenemos la percepción de que los gobiernos federal, estatal y municipales no están a la altura de las circunstancias, son gobiernos reactivos más que planificadores, de contingencia más que de políticas públicas, de ocurrencias más que de razones, de esfuerzos personales más que de equipo, en donde cabe mencionar el esfuerzo en solitario del gobernador, de esfuerzos administrativos en vez de acciones de gobierno y de Estado, de visión reducida en lugar de asumir el problema desde una perspectiva amplia e integral, de desorden de mandos en lugar de institucionalizar una unidad de mando, de muy errónea operación en vez de una operación bien organizada, de falta de una filosofía moral en vez de actitudes que rayan en la inmoralidad.
Puede ser que no se valore los esfuerzos del poder público, sin embargo, la pura voluntad no alcanza para tener éxito en las labores gubernamentales, se necesita inteligencia política que implica tener éxito en la conservación e incremento del poder político del gobernante y de su equipo. Es evidente, en el caso especial del gobierno oaxaqueño, que el grupo gobernante ha perdido poder, legitimidad, reconocimiento, institucionalidad, discrecionalidad, amplitud de miras.
La opinión pública, los damnificados, las autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de la sociedad civil, las corporaciones de empresarios, comerciantes, de las iglesias, han cuestionado la acción gubernamental en relación a la problemática presentada por las fuerzas de la naturaleza, sea por el olvido inicial de regiones y comunidades, sea por la estructuración inadecuada de un sistema de información eficaz sobre la amplitud de los daños, sea por el mal cálculo de los recursos para la reconstrucción, sea por la terrible burocracia para la debida atención de los afectados, sea por la falta de autoridad para normar las conductas de funcionarios y de políticos que quieren y quisieron aumentar su prestigio político a costa del sufrimiento de las poblaciones, sea porque el gobierno estatal perdió libertad y autonomía ante el avasallamiento del gobierno central, sea también por la nulificación de los poderes comunitarios y municipales por las autoridades federales y estatales, sea por la creación de falsas expectativas ante la población afectada por las autoridades gubernamentales, sea por mentirle a la población de los tiempos y espacios de la reconstrucción. Por todo ello, el gobierno ha perdido credibilidad y reconocimiento. Los gobernantes pues no han cumplido con lo más elemental adquirir, mantener e incrementar el poder político, les ha fallado lo más elemental de toda operación política: nutrir la fuerza de los gobernantes.
Lo más seguro es que el pagano será el partido gubernamental, el PRI y sus candidatos en las urnas que se instalarán el primer domingo de julio del 2018. Si bien el gobernador asumió la acción de prohibir toda manipulación política de la tragedia de septiembre, la mejor maniobra política para el beneficio de su partido y de sus candidatos debió y debe ser una acción eficaz de su gobierno ante las contingencias. El posible escenario para Alejandro Murat podría ser tener un Congreso y la gran mayoría de autoridades municipales de partidos diferentes al suyo en los últimos 4 años de su gobierno, eso sería para la gobernabilidad del Estado oaxaqueño otro sismo de mayor dimensión.
Ante este terrible escenario bien vale la pena construir políticas, estrategias, normas de acción más adecuadas para tener éxito en la reconstrucción, es decir, habría que construir para reconstruir. En primer lugar, habría que concebir la problemática de la reconstrucción como un problema de Estado y no sólo como un problema de gobierno, de administración e incluso de una dependencia como es la Coordinación de Protección Civil, esta concepción tan reducida obligó la renuncia del funcionario correspondiente. Elevar de rango la problemática como problema de Estado, es decir, del Estado mexicano, implica la acción decidida del Poder Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, para. por ejemplo, presupuestar mayores recursos nacionales, institucionalizar programas de desarrollo regionales, volcar toda la acción de la administración pública federal en materia de desarrollo económico, educación, salud, infraestructura, reforzamiento de los valores de identidad y cultura de los pueblos indígenas.
De la misma manera sería la acción del gobierno del Estado, de los municipios y comunidades involucradas. Estamos hablando de un Plan de Reconstrucción para el Buen Vivir de la población afectada.
La inmediata elaboración de este Plan con la participación de las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales se hace necesaria, además de requerir de la participación de los diversos sectores de la sociedad y de colegios de profesionales de los diversos campos del conocimiento. La exclusión en las acciones gubernamentales para la reconstrucción ha sido un signo negativo de los gobiernos, si siguen por este camino, sus negativos se asumirán y se concentrarán en los mismos, que desde luego, deberán ser asumidos en las urnas.
La reconstrucción planificada, racional, como política pública, aplicando los principios de la buena gobernanza son imperativos de cara al futuro del gobierno muratista.
