El Universal
Endémica de la Reserva del Alto Golfo de California, esta especie de cetáceo se encuentra en fase crítica. Quedan menos de 30 ejemplares después de la reciente pérdida de un espécimen tras la operación del Programa Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación).
En su afán por salvaguardar al único mamífero marino mexicano, el equipo que integra Vaquita CPR apostó por la reproducción en cautiverio y falló. La misión consistía en capturar los pocos ejemplares que sobreviven y trasladarlos a un refugio para salvarlos de las redes agalleras de pesca, su principal amenaza, debido al hasta ahora incontrolable tráfico del pez totoaba —documentado ampliamente por EL UNIVERSAL desde diciembre de 2016—, que ha contribuido en gran medida a la posible extinción del cetáceo.
A la espera de que el equipo de Vaquita CPR explique las causas de la muerte de un ejemplar hembra el pasado 5 de noviembre, como notificó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expertos consultados por este diario cuestionan si se llevaron a cabo los protocolos adecuados. El “rescate” en cautiverio se debió hacer décadas atrás, cuando la población era mayor, señalan.
Las acciones de campo —monitoreo y captura en busca del rescate— que concluyeron el 10 de noviembre oficialmente en el Alto Golfo de California, fueron casi inéditas, todo se basaba en aproximaciones sobre el comportamiento de la especie, porque los científicos no habían trabajado antes con especímenes vivos.
Este diario buscó al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, y al presidente del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), Lorenzo Rojas-Bracho, para conocer su postura al respecto; al cierre de la edición no hubo respuesta.
Tráfico y estrés, enemigos
Para Alejandro Robles, presidente de Noroeste Sustentable (Nos) —uno de los primeros científicos mexicanos que trabajó con cadáveres del cetáceo—, si bien el deceso del ejemplar capturado es una triste noticia, hay que decir que era una posibilidad contemplada: “De todo problema se puede aprender, habría que conocer de qué murió […] lo que ha sido un fracaso es la incapacidad de parar la pesca ilegal de totoaba”.
El informe “Adictos al anzuelo”, de la organización internacional C4ADS —que dio a conocer este diario en agosto pasado—, señala que “este contrabando forró los bolsillos de los cárteles mexicanos y hundió el futuro” de la vaquita marina.
Por su parte, Miguel Rivas, de Greenpeace, explica: “Sabemos que había un protocolo que los científicos iban a seguir. Lo que no sabemos es si en campo se siguió, eso debe ser transparentado”.
Rivas asegura que la conservación de la vaquita marina debe ser en su hábitat: “Nosotros vemos que ese proyecto no es factible, 100% de los animales que fueron capturados sufrieron de estrés, frente a ello no tiene caso seguir y sacrificar la baja cantidad”.
Raúl Arriaga, integrante del Colegio de Biólogos, critica que no se haya contemplado la información previa que se tenía de la vaquita. “Es una especie muy nerviosa y literalmente se murió de un susto. Lo capturan, no es una especie de fácil manejo para cautiverio o espacio reducido, le da estrés, y le van a buscar 20 cosas para decir que no”. El experto acusa que en el intento de rescate “se lo brincaron todo”. En la norma de confinamiento de encierro de delfines hay un espacio vital mínimo que se debe cubrir. “Para el encierro de la vaquita se lo sacaron de la manga, porque jamás se había hecho con esta especie”.
Por su parte, Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica, considera que no se trata de negligencias o protocolos a seguir, puesto que desde el principio se sabía que era una opción de alto riesgo que académicos y científicos decidieron tomar con apoyo de la Semarnat.
“Es lamentable que otra más de las estrategias para conservar a la vaquita no dé resultado, pero hay que tomar en cuenta que en el momento que el gobierno mexicano decide también apoyar este tipo de iniciativas, es porque al mismo tiempo está aceptando y reconociendo que no puede proteger a las vaquitas en su hábitat natural y que es incapaz de retirar todas las redes ilegales que son su principal amenaza”, abunda Olivera.
Urgen revisión
La actual administración fue la primera en decretar la prohibición definitiva de la pesca. Para ello erogaron miles de millones de pesos que los habitantes de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, acusan que fueron mal repartidos y que según los expertos deben ser auditados. A esto se suman los más de 50 millones de pesos [3 mdd] destinados a la operación Vaquita CPR.
El estudio “Valoración económica para la protección socioambiental de la vaquita marina, una especie endémica”, de José García y Érika Chávez, publicado en marzo de 2017, documenta que “nunca se habían destinado tantos recursos para la protección de la vaquita marina, como los asignados durante 2015 y 2016: 57 millones 860 mil dólares”. A decir de los expertos, es “urgente” que se auditen los subsidios entregados a los pescadores del Alto Golfo: “Hay personas que están recibiendo más de un millón de pesos al mes, cuando otras reciben 4 y 8 mil pesos, hay una discrepancia enorme ”, señala Alejandro Olivera.
Para Rivas, quien coincide en la necesidad de una auditoría a los más de 2 mmdp a los que equivale la anterior cifra, fueron un “incentivo perverso” que dejó a gente sin trabajo y fomentó la inestabilidad social.
Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia, con el folio 0002000064217, registran la inequidad en la repartición de recursos cuando Sedesol operó, en 2015, el Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina.
Ese año se erogaron más de mil 500 mdp; la discrepancia surge cuando se revisan los montos otorgados a cada beneficiario. Mientras algunos pescadores recibieron de 4 a 8 mil pesos mensuales, otros recibieron de 100 mil a 200 mil. Hay personas registradas como permisionarios que recibieron más de un millón de pesos al mes. Aunque la autoridad explicó que dependía del puesto y de la cadena productiva, este diario documentó denuncias de pescadores, en diciembre de 2016.
“Un buen secretario hubiera llamado a cuentas para que explique lo que han venido haciendo. Habría resultados tangibles, cuantificables, evidencia de lo hecho. Si te pones a revisar la cantidad de dinero derrochado, no funcionó, porque sólo montó un circo”, acusa Raúl Arriaga, del Colegio de Biólogos.
“Es importante que se haga una verdadera auditoría. Un análisis de las conclusiones y una evaluación de lo que ha hecho el Cirva”, señala Salvador Galindo, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
La investigación de García y Chávez concluye que “se necesitan recursos, darles seguimiento formal a los resultados de desarrollo socioambiental, coherentes con la protección de la especie, que es urgente, y con las circunstancias socioeconómicas de las familias, que encuentran en la disposición de productos pesqueros una forma de sobrevivencia”.
Sin política integral, esfuerzos vanos
En 1993, la antropóloga Gloria Valdez acudió al Alto Golfo de California junto a un equipo del Buró para la Investigación Aplicada de Antropología (BARA) de la Universidad de Arizona, para “conocer la situación socioeconómica de la comunidad, y saber de qué manera el proyecto de la reserva modificaría sus vidas”, en especial la de los pescadores.
El estudio también detalla que la “valoración formal del impacto social” fue solicitada por el gobierno mexicano en 1993 y ese mismo año, la administración de Carlos Salinas de Gortari decretó el área sin tomar en cuenta el análisis, de acuerdo con el libro de Valdez titulado Soy Pescadora de Almejas. Respuestas a la marginación en el Alto Golfo de California, de El Colegio de Sonora.
Ahora, 24 años después, los estragos son más notorios debido a la ausencia de una política pública integral, ignorada desde esos años. Las protestas sociales son cada vez más fuertes y la próxima semana se avecina una de las convocatorias más grandes.
La especialista Catalina López-Sagástegui, de la Universidad de California, quien trabaja en comunidades pesqueras desde hace una década, comenta: “Necesitamos compatibilizar, tratar de armonizar cómo podemos continuar las actividades pesqueras de manera sustentable, no sólo para proteger a las especies [como la vaquita marina] que están en peligro, sino para las que se están aprovechando”.
López-Sagástegui, directora del Programa Marino del Golfo de California, expresa que debido al conflicto con la vaquita marina “no ha sido fácil el diálogo, es difícil juntar al sector de pesca y el de conservación”.
