Ciudad de México (La Jornada).- Las instituciones nacionales de protección a las garantías fundamentales de cinco países latinoamericanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgir al gobierno de Estados Unidos para que interrumpa sus políticas migratorias que han llevado a la separación de niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias.
A iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, sus similares de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, enviaron una comunicación al organismo interamericano para que también llame a la administración de Donald Trump a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos a la integridad personal, a la familia y a la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez.
Estas cinco instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) señalaron que los “beneficiarios de dichas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos y que sean separados de las mismas por autoridades de ese país”.
Para los Ombudsperson solicitantes de las medidas cautelares resulta de particular preocupación el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que dejó de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de los menores migrantes, y decidió utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a ese país.
El documento fue dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo, y es firmado por los titulares de la CNDH (México), Luis Raúl González Pérez; de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Nefret Mosquera; de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, así como por la encargada de la Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador, Gina Benavides Llerena.
Saludaron el comunicado de la CIDH en el mismo sentido de demandar protección a los derechos humanos de personas menores de edad en contexto migratorio y oponerse a la política de tolerancia cero -impulsada por el gobierno de Trump y que ha dejado más de 2 mil niños separados de sus familias-, al tiempo que valoraron la posibilidad de actuar conjuntamente con ese organismo internacional para fortalecer sus acciones en favor de la niñez y adolescencia migrantes.
En la petición señalaron que resulta especialmente peligroso que la separación de familias se tome como mecanismo para disuadir a las personas de migrar hacia Estados Unidos, enfrentándolas al peligro de ser separadas de sus hijos si lo intentan. “Dicha postura del gobierno estadunidense es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de niñez y adolescencia migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tienen”.
“”La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen caracteres cautelar y tutelar. En cuanto al primero, buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos, como ocurre en este caso, por lo cual urge se ordenen tales medidas para que el gobierno estadounidense detenga la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias”, apuntaron.
La política migratoria de Estados Unidos de separar a los menores migrantes de sus padres y madres, rompe el vínculo familiar existente entre ellos.
Recordaron que el Estado estadunidense está obligado por el artículo 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el derecho de protección a la infancia, y a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez. “La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto ocasiona a niñas, niños y adolescentes”.
En el documento pusieron de manifiesto que el interés superior de la niñez es uno de los principios rectores que conforman los derechos humanos de ese grupo poblacional en contexto de migración, y toma en cuenta que como personas sus integrantes tienen derechos humanos y por su condición de proceso de maduración necesitan de protección y cuidados especiales.
“Toda autoridad que tenga contacto con dicho grupo debe considerarlo prioritario al momento de tomar decisiones que los involucren, lo que redundará en su adecuada asistencia y protección integral”.
Agregaron que la libertad personal de los menores es violentada si se les separa de sus familiares y son detenidos sin que se justifique de manera alguna.
“Tales separaciones, afectarán su integridad y romperán sus relaciones familiares, sin que posteriormente sea posible una reparación del daño, puesto que el deterioro en su desarrollo físico y mental podrá provocar enfermedades como ansiedad o depresión, sin que sea viable reparar dicho daño psicológico y emocional. Además, el impacto en su derecho a la unidad familiar quedará afectado sin que exista una posibilidad de repararlo”.
