Managua (AFP). Ciudades de Nicaragua mantienen este jueves la resistencia ante el asedio de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, mientras se espera la reanudación de un diálogo mediado por la Iglesia católica en busca de una salida a la crisis que deja 187 muertos en dos meses.
“Vivimos con miedo. He visto pasar camionetas de civiles con AK-47. En la noche pasamos encerrados en las casas. Anoche rafaguearon (dispararon) por aquí”, dijo a AFP Ivania Miranda, de 53 años, en su casa en Nindirí, en Masaya (sur), una localidad que se declaró en rebeldía el lunes.
Las campanas de las iglesias sonaron en la noche en algunos pueblos como Diriamba, en el occidental departamento de Carazo, en señal de alerta cuando hombres armados intentaron desmontar los bloqueos que mantienen pobladores en las calles. Prelados y sacerdotes católicos convocaron a una jornada de oración este jueves por Nicaragua, especialmente por Masaya y Carazo, dos de las ciudades más golpeadas por la represión, anunció el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
La posibilidad de un regreso a la mesa de diálogo surgió luego de que los obispos confirmaron que el gobierno cumplió el compromiso de invitar a organismos internacionales de derechos humanos a verificar los hechos de violencia en las protestas. La invitación incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea, precisó Báez.
– “Fuera Ortega” –
La Iglesia ha llamado al presidente a permitir elecciones generales anticipadas en marzo de 2019 para aliviar la tensión, pero el gobierno no se ha referido directamente a esa demanda en el diálogo que se ha interrumpido ya en dos ocasiones.
Exguerrillero de la revolución sandinista, Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo concluye en 2021, es acusado de nepotismo y de instaurar, con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático y corrupto. Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia por las muertes y la salida del poder de Ortega.
“El pueblo no se rinde”, “Fuera Ortega”, “No a la dictadura orteguista”, se lee en paredes de Masaya, una de las ciudades más combativas en la insurrección popular que, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
En la mesa de diálogo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, pide la separación de los poderes del Estado, actualmente controlados por Ortega, sobre todo el Consejo Supremo Electoral.
“La presencia de organizaciones internacionales nos dará seguridad para fiscalizar. Necesitamos un tercero porque nadie confía en las instituciones. Hay un sistema montado en tantos años de corrupción”, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán, miembro de la Alianza.
– “Vamos a vencer la maldad” –
El gobierno exige, por su parte, levantar todos los tranques (bloqueos) en calles y carreteras de gran parte del país. Ortega y Murillo acusan a quienes se han alzado contra el gobierno de “delincuentes” y “vándalos”, que cometen “terrorismo” y afectan seriamente la economía de este empobrecido país centroamericano.
“Vamos a vencer la maldad, la perversidad, la ignominia y la abominación”, manifestó Murillo.
Muchos negocios están cerrados en Masaya y otras ciudades, en tanto que miles de furgones de carga de mercancías que atraviesan Nicaragua se han quedado varados en las carreteras. Al condenar la violencia, Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y el adelantamiento de elecciones.
El representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, concluyó el miércoles una visita de dos días a Managua, tras reunirse con la Alianza Cívica y el gobierno.
Trujillo visitó el país previo a la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente de la OEA tiene prevista para el viernes sobre Nicaragua. En la sesión, la CIDH presentará el informe de su visita en mayo a Nicaragua y las recomendaciones que hizo sobre la crisis.
