Ciudad de México (La Jornada).- Una de las mayores diferencias que existen entre el gobierno que termina y el que llegará el primero de diciembre, la reforma educativa, quedó de manifiesto en la tercera reunión entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Los cambios legales en la enseñanza mantendrán el impulso a lo que está en la ley, dijo el jefe del Ejecutivo, en tanto el presidente electo ratificó su decisión de cancelarla para dar paso a un nuevo modelo en cuya elaboración se escuchará a los maestros y a los padres de familia.
En el patio de honor de Palacio Nacional y en el día del inicio del ciclo escolar 2018-19, el presidente Peña admitió: hay una visión distinta en ambos equipos. Este gobierno promovió y publicitó ampliamente los alcances de la reforma educativa y así se mantendrá hasta el 30 de noviembre.
El cambio en el sistema de enseñanza fue ubicado siempre por esta administración como el más importante, el de mayor calado. Y ayer así lo reivindicó el mandatario: fue una reforma de fondo en cuya aplicación se habrá de perseverar en los 100 días que restan a su gestión, si bien respetará los cambios que incorpore la próxima administración.
Evidentemente, al haber una posición o una visión diferente, de haber ajustes, corresponderá al próximo gobierno la implementación de los mismos. (Pero) de algo estoy cierto: ambos gobiernos, el saliente y el entrante, buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación laica, gratuita, de calidad. En esto no hay disputa, sino más bien ópticas distintas sobre cómo alcanzar ese propósito.
López Obrador insistió en dejar de manifiesto que en su momento y en tiempo y forma se presentarán las iniciativas para cancelar la reforma educativa.
Un plan distinto
A partir de ahí, indicó, se dará a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias.
En tanto ello ocurre, añadió, acatará lo establecido en las leyes y se respetará el mandato constitucional del presidente Peña Nieto. La política educativa es una facultad del Estado mexicano y a éste corresponderá definirla.
Si en el proceso de cancelar esa reforma se interponen controversias, éstas deberá dirimirlas el Poder Judicial, dijo López Obrador.
Puede mejorarse mucho la calidad de la enseñanza –añadió el presidente electo– y al mismo tiempo ampliarse la cobertura, la equidad y el derecho a la educación, porque ésta no es un privilegio, sino un derecho. Todo eso se buscará con la nueva política educativa.
Enseguida precisó: tenemos que convencer, no vencer. Debemos incorporar a los maestros, porque ninguna reforma educativa se puede hacer sin ellos, porque son quienes transmiten el conocimiento en el aula. Se construirá un consenso con los profesores y los padres de familia.
Peña Nieto también fue puntual en esto: este gobierno mantendrá su actuación y el impulso al modelo educativo en términos de lo que hoy está en la ley, y el que entre el primero de diciembre hará lo propio en términos de la visión y de la óptica que ellos estén impulsando.
