Tras tres horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 318 votos de Morena, PT, PES, PVEM y MC el paquete de reformas para endurecer las sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas fantasma en México, al equiparar la comisión de tales delitos con delincuencia organizada y cuya investigación ameritará prisión preventiva.
Los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD votaron en contra del dictamen que enmienda la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, que en cuanto se apruebe en lo particular se remitirá al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.
La diputada Patricia Terrazas Baca reconoció en tribuna, al fijar la posición del Partido Acción Nacional (PAN), que es grave el problema de la nociva práctica de expedición, compra y venta de comprobantes fiscales que ampara operaciones inexistentes, coloquialmente conocido como facturas falsas, pero que las autoridades ya cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para combatirlo de manera eficaz.
“Inclusive, las autoridades, en sus ponencias, han señalado expresamente que son más de 11,000 factureros. ¿Pero qué han hecho contra ellos? ¿Por qué les siguen protegiendo y por qué con estas propuestas se les tiende el manto de impunidad?.
“Ahora bien, con las reformas propuestas se genera una amenaza de intrusión en el ámbito de los particulares y no sólo de los factureros, quebrantando el derecho fundamental de privacidad a los contribuyentes ajenos a dichas conductas y los que son de buena fe”, dijo Terrazas Baja .
La legisladora advirtió que una vez vigentes los cambios legales en la materia, cualquier contribuyente podrá ser víctima de la aplicación de técnicas de investigación altamente intrusivas al derecho de privacidad, como son la intervención de comunicaciones en telefonía, mensajería, correos electrónicos, o de agentes encubiertos y testigos colaboradores, delatores o protegidos.
“Lo anterior generará, desde el momento de la publicación de esta reforma, un ambiente de crispación y desincentivo a la inversión. Por eso sostengo, los legisladores de la mayoría serán los responsables de la crisis que se genere con este ambiente adverso a la confianza y a la seguridad jurídica”, alertó la diputada panista.
Al fundamentar el dictamen, Marco Medina Pérez (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que el objeto primordial de la enmienda legal es el combate a la defraudación fiscal en el país.
“Supondrá el reforzamiento en la participación de distintas instituciones del ámbito federal en la solución a un problema de suma gravedad que se ha venido gestando durante muchos años, décadas, mismo que ha socavado la base fiscal del Estado y que ha representado un peligro para la seguridad nacional”, dijo Medina Pérez.
Con las referidas reformas, detalló, se incluirá en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, y se considerará como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como contrabando, defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Es muy importante dejar en claro que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, explicó el diputado de Morena.
Los cambios, abundó el legislador, habrán de proteger a los contribuyentes cumplidos que en la cotidianeidad tienen que competir desventajosamente con varios supuestos negocios que, con facturas falsas y otras formas de defraudación, no dejan crecer a los auténticos empresarios.
“Para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas fantasma baste remitirse a datos que son por lo menos preocupantes. Sólo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300,000 millones de pesos al año, lo que equivale al 5% de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que, de 2014 a 2019, no han llegado a las arcas públicas”.
