“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley”, reza el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Pero en éste, como en muchos terrenos, nuestra constitución es letra muerta para el ciudadano común, porque lograr que las autoridades lo ayuden a hacer efectivos estos derechos, es del todo imposible. Veamos.
Es bastante conocida la crisis del manejo de residuos sólidos en algunos municipios de los Valles Centrales, debido al cierre del relleno sanitario de la Villa de Zaachila, cuyas autoridades impidieron, primero, el acceso de los camiones recolectores, y después, de los pepenadores y recolectores de basura particulares.
Por su parte, las autoridades municipales han resuelto parcialmente el problema del acceso de los camiones al relleno sanitario en cuestión, sin embargo, los más de 200 recolectores particulares y los casi 800 “penenadores” de residuos sólidos, han sido impedidos de realizar la actividad que han desempeñados por años, incluso décadas.
Ante esta situación, casi dos centenares de afectados de Oaxaca de Juárez han buscado el respaldo del presidente municipal, CP. Francisco Martínez Neri, para que les garantice también el acceso y, con ello, su derecho a un empleo digno, amparados en el artículo constitucional arriba mencionado, que obliga a las autoridades a proveer de una fuente de trabajo a todos los mexicanos, máxime que en este caso, los trabajadores aludidos han cumplido una función social por muchos años, que es brindar el servicio de recolección, ante las limitaciones y deficiencias del servicio de limpia del ayuntamiento, no solo retirando los residuos de los hogares capitalinos, sino además, mediante la contribución de una cantidad nada despreciable de impuestos que han llegado al erario municipal.
Pues bien, en un primer momento, existió la promesa expresa de que se les otorgaría un mecanismo para que depositaran los residuos que recolectan y de ahí el ayuntamiento completaría el traslado al relleno sanitario. Pero más tarde, se les comunicó que la obtención del predio donde depositar la basura sería responsabilidad de los propios recolectores, con lo cual se les deja a su suerte, toda vez que no cuentan ni con la capacidad económica, ni de representación para resolver esta cuestión.
Es en este contexto, que manifestamos, en primer lugar, la solidaridad del antorchismo en el estado, y en segundo, invitamos a la opinión pública a hacer lo propio, ante la violación constitucional del derecho más elemental que puede tener un ciudadano, que es el de un empleo digno que le permita el sustento para su familia, no garantizado para estos ciudadanos que, como millones de mexicanos, encontraron en la incapacidad del gobierno municipal de proveer de un servicio adecuado de recolección de basura, la oportunidad de obtener un ingreso con un subempleo, mediante la recolección de residuos por su cuenta, a pesar de la precariedad que esto acarrea, y que hoy ya no pueden ejercer.
Para sustentar el hecho de que es en verdad difícil, encontrar un empleo en México, me apoyo en los datos presentados por Centro Mexicano de Estudios Económicos que sostiene, que nuestro país tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de 58.1 millones, de los cuales, 2 millones están sin trabajo, 5 millones están subocupados, es decir, tienen necesidad de trabajar más tiempo y, 2.2 millones no están en nómina y su salario no es fijo.
Pero en el caso concreto de Oaxaca, las condiciones laborales y la posibilidad de obtener un empleo, a la luz de la crisis generalizada que vive el país, son en extremo complicadas, pues para el 2020, según el INEGI, la entidad ocupaba el primer lugar nacional en informalidad con 78.50% de su PEA, pero en el primer semestre del 22, ésta ha llegado al 80.2%, además, según el IMSS, en 2021 se perdieron más de 25 mil 500 empleos.
Finalmente, creemos necesario comentar que en los corrillos de la política local, se dice que la negativa de acceso a los recolectores particulares -con el argumento de que ingresan 100 toneladas diarias de residuos, cantidad que sobrepasa la capacidad del relleno sanitario, es un despropósito, pues no pasa de unos cuantos vehículos de menor tamaño-, en el fondo, esconde la intención de diputados de la llamada izquierda, de promover la participación de empresas privadas, a través de esquemas de asociación e inversión concesionada.
En este sentido, diremos que la necesidad de industrialización y mejoramiento de los servicios no solo de recolección, sino de procesamiento de los residuos no está a discusión, que a la luz del problema ecológico que representa el indebido manejo de éstos, están más que justificados, además, que es inevitable que el desarrollo industrial abarque todos los ámbitos laborales de nuestra sociedad, pero lo que no puede permitirse es que se desconozca la importante labor de estos ciudadanos que, como dije líneas arriba, prestaron un servicio a su comunidad. Por lo tanto, darles una alternativa de conservar su ingreso, no solo es una cuestión de carácter social, sino de carácter constitucional, porque el estado ha fallado en la dotación de las condiciones para que resuelvan esta necesidad de la manera apropiada.
Los antorchistas, como todos los ciudadanos, debemos rechazar la criminalización de la labor de estos trabajadores y pedir a las instancias de gobierno tanto municipal, como estatal, que garanticen el mecanismo para que sigan llevando el sustento a sus hogares, pues están obligados a defender a sus gobernados y a buscar los canales de solución. Por nuestra parte, manifestamos nuestro respaldo no solo de palabra, sino en los hechos, para que hagan efectivo su derecho a un empleo, si no de los más apropiados, sí del que han hecho su forma de vida por varios años.
Autor: Dimas Romero González
